El vicerrector-decano Hebert Lobo
informó que también se reunieron con el Juez Superior Agrario del Estado, para
tratar los problemas de invasiones e intervenciones en los bosques
universitarios
PRENSA ULA-NURR/Ymarú
Pachano (C.N.P. 7914) Las autoridades vicerrectorales de la
Universidad de Los Andes Núcleo Universitario “Rafael Rangel, se reunieron con
la juez Rectora del estado Trujillo, Rafaela González, y el juez Superior
Agrario, Reinaldo Azuaje, con la finalidad de plantear los problemas de inseguridad
y de invasiones que asedian a la institución.
Sobre los detalles de la reunión
realizada el miércoles 27 de septiembre en el despacho judicial, el
vicerrector-decano Hebert Lobo, acompañado por el coordinador, de Secretaría
Efrén Pérez Nácar, destacó que en primer lugar trataron lo relacionado la
situación de inseguridad que afrontan los profesores, estudiantes y demás
miembros de la comunidad universitaria quienes a diario deben trasladarse a pie
desde la Villa Universitaria hasta La Concepción ante la falta de transporte,
siendo reiteradamente víctimas del hampa.
“Le pedimos a la doctora Rafaela
González sus buenos oficios para que intercediera ante los organismos de
seguridad del Estado de manera que se establezcan las medidas apropiadas y
pueda ser controlada la situación”.
Entre otros de los planteamientos en
concreto, destacó el relacionado con los casos de hurtos y robos ocurridos
durante el período vacacional, en cuyas investigaciones también trabaja una
Comisión designada por el Consejo Núcleo. “Fuimos víctimas de cuatro hurtos, y
un robo dentro de espacios universitarios contra un propietario de un bus de
transporte público; conversamos sobre las acciones y recomendaciones que
pudiera darnos para atender este problema”, dijo el Dr. Hebert Lobo.
Aunque el poder judicial procede en
última instancia en dichas situaciones, las autoridades NURR manifestaron su
confianza en que se actúe de acuerdo a la Ley en los casos en proceso, como en
el de la persona que fue encontrada como responsable de los hechos ocurridos en
la Casa Natal “Mario Briceño-Iragorry” y que fue presentada ante la Fiscalía;
así como también en un caso de la Villa Universitaria, donde hay un detenido y
se está tras la pista de otros responsables.
“Tenemos que reconocer las actuaciones
del Cicpc en estos casos y le toca a la Fiscalía imputar; como esto va a los
Tribunales manifestamos a la Juez Rectora que esperamos actúen de acuerdo a la
Ley con total transparencia y si se determinan responsabilidades se tomen
decisiones para sentar precedentes para garantizar que quienes pretendan actuar
en contra de los intereses de la ULA, tengan la firmen convicción de que
pueden ser castigados por la justicia si cometen este tipo de actos en los
previos y alrededores de la universidad”.
Materia
Ambiental
En otro orden de ideas, se abordó con
el juez Reinaldo Azuaje lo referido a las invasiones e intervenciones en
los terrenos y bosques de la Villa Universitaria, las cuales se acentuaron
durante el receso vacacional a pesar que es una Zona Protectora que goza de una
medida especial de protección por parte de un Tribunal.
“Establecimos unas estrategias comunes.
Vamos a actuar y activarnos ante el Tribunal Superior Agrario y a partir de eso
esperamos que se tome una medida de protección que permita que la Guardia
Nacional en su calidad de Guardia Ambiental nos ayude a controlar estas
acciones que están poniendo en serio riesgo el bosque universitario”, finalizó
el Dr. Lobo.
